Eduardo Rafael Riggi

Eduardo Rafael Riggi, actual juez de la Sala III de la Cámara de Casación Penal, no solo es un juez que ha ganado la simpatía de las cabecillas de la última dictadura sino que, además, ha sido señalado como miembro del Opus Dei. 

Casado y con dos hijos, se recibió de abogado en 1973 en la Universidad Católica Argentina.

Entró al Poder Judicial en 1971 y en esa primera etapa como empleado del servicio de justicia trabajó en el Camarón, la cámara federal en lo penal creada por Lanusse para combatir la “actividad subversiva”.  En 1973, fue cesanteado por la gestión de Cámpora, pero Riggi logró volver a la familia judicial y escalar posiciones a medida que se acercaba el golpe de estado. Se mantuvo en escalafones bajos hasta que en 1975 fue designado secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cargo que luego fue confirmado por la Corte designada por las Fuerzas Armadas.

De hecho, en 1978, mientras miles de personas eran torturadas y aniquiladas, Eduardo Riggi fue promovido a Juez Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico Nº4 de la Capital Federal. Algo había en Riggi que cautivó la confianza de Jorge Rafael Videla.

Cuando se postuló para el cargo de Juez de Cámara de Casación Penal el secretario general y el presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Osvaldo Natansohn y Elías Salazar, enviaron una carta al senador Adolfo Glass, miembro de la Comisión de Acuerdos, diciendo que a Riggi “no se le conocían antecedentes académicos, publicaciones, conferencias ni investigaciones relativas a la especialidad y que por lo tanto sugerían convocarlo a una audiencia pública para interrogarlo sobre sus puntos de vista político institucional, sus criterios frente a las garantías individuales y sus antecedentes profesionales y académicos”. El pliego fue aprobado en la sesión de la Cámara de Senadores del 16 de diciembre de 1992.

Se dice que Carlos Menem impulsó personalmente su nombramiento en Casación, junto con el de otros dos candidatos, Ana Capoluppo y Juan Martín Romero Victorica.

Dime quién te nombró y te diré quién eres

Entre los trabajos destacados de este paladín de la (in) justicia se encuentra el discriminatorio  fallo dictado contra Ana María Fernandez. Ella había solicitado el régimen de prisión domiciliaria en razón de ser madre de un niño de diez meses. El dueño de este prontuario votó a favor del encierro del bebé y su madre, entendiendo que la cárcel no generaba un riesgo para ellos, valorando además que Fernández se había casado con otra mujer “lo que garantizaría la presencia de dos madres en el hogar”. Al juez de la dictadura no le importó que en la cárcel no hubiera guardia pediátrica, que el niño estuviera en etapa de lactancia o que la prisión no fuera el lugar más adecuado para un niño en sus primeros meses de vida.

A esta visión deshumanizada de la justicia (y de tanto más, ¿no? La simpatía de Videla no era cosa fácil…), Riggi suma un presunto accionar teñido de afán de lucro a través de su cargo en la función pública. Riggi fue denunciado por el CELS ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño luego que salieran a la luz escuchas telefónicas donde se pactaban coimas para favorecer la situación procesal de los imputados por el asesinato de Mariano Ferreyra.

El lunes 10 de septiembre de 2012, el juez Luis Rodríguez procesó al ex agente de inteligencia Juan José Riquelme Riquelme, al secretario de Riggi Ameghino Escobar, ex secretario de la Cámara Octavio Aráoz de Lamadrid, al vicepresidente de Belgrano Cargas S.A. y contador de la Unión Ferroviaria Ángel Stafforini y a José Pedraza por su participación en el soborno de 50 mil dólares. De acuerdo a la resolución de Rodríguez, “la influencia de Aráoz de Lamadrid y Riquelme sobre el magistrado Riggi se consideraba real, en tanto ambos mantenían relaciones personales preexistentes con él, uno como ex-empleado y el otro con un vínculo afectivo demostrado por el intercambio de las comunicaciones y otras escuchas telefónicas obtenidas”.

Sin embargo, a fines de 2012, el CELS señaló que resultaba sugestivo que el juez Luis Rodriguez no haya profundizado la investigación respecto de los posibles jueces involucrados y haya demorado más de un año las indagatorias y el procesamiento de los imputados, para sacarlo una semana antes del tratamiento en el Senado de su pliego para ocupar una vacante de juez federal.

Otro caso de presuntas coimas al cual Riggi estaría asociado es el denunciado por los abogados de Carrefour, quienes denunciaron operaciones de forum shopping en un juicio por una estafa millonaria contra los directivos del grupo Exxel, que casualmente recayó en la Sala III de Casación –¡oh la la! ¡La Sala de Riggi!-. En los pasillos de Comodoro Py, se decía que el encargado de arreglar el “sorteo” de causas era el antiguo secretario de Riggi, Luis Ameghino Escobar. Ameghino Escobar fue desplazado de su cargo tras las escuchas telefónicas que lo descubrieron negociando con el sindicalista José Pedraza, hoy condenado por la muerte de Mariano Ferreyra.

Datitos de color

El hijo del juez Riggi (Eduardo Javier) está sospechado de “acomodo” en el marco del concurso 40/10 de la ciudad de Buenos Aires, señalado como autor de un examen “patético” que lo colocó, milagrosamente, entre los mejores puestos del concurso.

Cuando se lo cuestionó sus vínculos con el Opus Dei y con la corporación militar, el juez Riggi dijo: “No tengo el honor de ser del Opus Dei y mi único contacto con los militares es que tengo familiares en las Fuerzas Armadas”.