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Rodolfo Canicoba Corral

on lunes, 21 de octubre de 2013


Juez Federal desde 1993, se lo identifica fácilmente por los tribunales de Comodoro Py por su traje claro, bronceado y cabello que nunca pierde el color. Se suelen referir a él como “Canicoima” o “Canicobra” y difícilmente se lo vea los viernes, pero esa es otra cuestión.
Nació en 1945, estudió poco tiempo en el Liceo Militar y concluyó el bachiller en el barrio de Caballito.
En 1965, ingresó como meritorio en el Juzgado Penal 1 de San Martín, pasó por el Tribunal de Menores 1, por el Juzgado Penal 4 y, después de cinco años en el Juzgado 6, fue nombrado secretario.
El 6 de noviembre de 1984 fue designado por el Senado de la provincia de Buenos Aires como juez del Tribunal de Menores 2, en 1990 renunció y se fue a trabajar a la profesión.
Entre diciembre de 1992 y junio de 1993 formó parte del gobierno menemista, como asesor de gabinete del Ministerio de Justicia, entonces a cargo de Jorge Maiorano.
Tiene cinco hijos. Uno de ellos, Emiliano, es secretario del Tribunal Oral Federal 5 de San Martín. Su ex mujer fue la secretaria privada de Guillermo Montenegro y su novia actual trabaja en el Juzgado Federal 3 a cargo de Daniel Rafecas.
Veranea en Punta del Este, al igual que tantos jueces, fiscales y litigantes del fuero federal.
Subrogó el Juzgado Federal 3 cuando quedó vacante tras la renuncia de Carlos Liporace. Allí tuvo la oportunidad de instruir los orígenes de las causas conocidas como "Primer Cuerpo de Ejército" (luego de la excusación de Servini de Cubría) y "Coimas en el senado". De su actuación en la primera de ellas se recuerda que realizó el único viaje a Europa que se efectuó durante la tramitación de esa causa, aunque pocos testigos lo pudieron ver, tan ocupado estaba el magistrado en sus paseos. La causa de las coimas en el senado se encontraba delegada en la Fiscalía Federal 6 aunque, tras la confesión de Mario Pontaquarto, estimó que "por el tiempo transcurrido" debía reasumir la instrucción de la causa.
Sus procesamientos en la causa de Primer Cuerpo de Ejército fueron anulados por la Cámara Federal, las indagatorias habían sido tomadas en función de una deficiente descripción de los hechos (luego los mismos actores fueron procesados como correspondía por el juez Daniel Rafecas). Algo similar sucedió en la causa de las coimas del Senado.
Canicoba sobreseyó a Raúl Moneta y a otros siete hombres imputados por haber defraudado al Banco Central y simulando problemas de liquidez y solvencia orquesto el vaciamiento de los bancos Mendoza y República. El vaciamiento fue orquestado a través de sociedades off shore vinculadas al grupo económico a las que transfirió los activos de dichas entidades.  Fraguando su situación financiera logró obtener del Banco Central que le otorgara ciertos beneficios económicos, que ascienden a la suma de 140 millones de pesos. Canicoba tuvo por ciertas estas maniobras financieras y la consecuente defraudación al BCRA, sin embargo considero que no había “error penalmente relevante”. Dicha medida se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia, con un dictamen de la Procuración General solicitando que no se cierre la causa.
Además, se negó a congelar los activos de un represor que se encuentra prófugo desde 2006, medida que fue apelada por el fiscal de la causa y por la Unidad de Información Financiera (UIF).
En 20 años a cargo del Juzgado Federal 6 numerosos expedientes han pasado por sus manos. Entre ellos puede mencionarse la Causa AMIA, convenientemente delegada a la Unidad Fiscal creada para la investigación del caso.
En 2010, con gran exposición mediática, procesó al ex baterista de callejeros, Eduardo Vázquez por la tenencia de una planta de marihuana en su casa.
Canicoba también es conocido por tener inconvenientes con las expresiones que considera agraviantes. En 1997 condenó a Domingo Felipe Cavallo por injuriar al ex titular de la Aduana, Jorge Jolom (recuérdese que previo a ello el ex super ministro lo había mencionado entre los "jueces de la servilleta"). Luego, en 2004, el ex gobernador de la provincia de Santa Cruz lo mencionó entre otros "jueces detestables". Iniciada una demanda por daños y perjuicios por Canicoba Corral, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó recientemente la condena a Acevedo a pagarle 22 mil pesos más costas en concepto por haber ofendido su buen nombre.
Perlitas Federales
Consultado acerca de las razones por las que no concursa para ascender manifestó: "Después de haber sido juez federal 15 años, no creo que tenga que dar un examen. Es humillante que algunos de los que los toman nunca tuvieron un preso delante suyo. En otras condiciones me hubiera gustado ser camarista".
Luego, en relación a las excarcelaciones de los represores: "Pienso que mientras no haya una sentencia firme pasado cierto tiempo, dos años dice la ley, nadie tiene que estar preso, sea un represor o un violador o quien sea. La prisión no puede ser una pena anticipada". (Sería interesante conocer en ese caso si el juez tiene al resto de sus procesados en libertad o sólo expresa preocupación ante procesados que cuentan con cierto poder y status social) Fuente

En diciembre de 1995, el nombre del juez federal Rodolfo Canicoba Corral se vio envuelto en un escándalo cuando se supo que había participado de un festejo de Navidad en un edificio judicial que terminó en excesos, y por el que fue sancionado con una multa equivalente al 33 por ciento de su salario, junto con otros nueve jueces del fuero federal. Canicoba opinó entonces que el camarista de Casación Penal, Alfredo Bisordi, ejerció una conducta "fascista y digna del proceso militar" cuando intentó poner fin al insólito festejo navideño en los tribunales.

Carlos Villafuerte Ruzo

on



Carlos Villafuerte Ruzo vive en San Nicolás y actualmente es titular del Juzgado Federal 2 de esa ciudad.
Según sus propias palabras, es un juez que anda colapsado. Maneja dos causas de “altísima exposición pública” -la investigación de Carlos Menem Junior y Silvio Oltra, y la del robo al Banco Nación de Villa Ramallo- que no le permitirían avanzar en las causas por delitos de lesa humanidad. Estas serían las explicaciones que dió Carlos para zanjar la recusación del fiscal federal de San Nicolás Juan Patricio Murray, quien lo acusó de obstaculizar deliberadamente el avance de la causa que imputa al ex comisario Luis Patti por el secuestro y asesinato de dos militantes peronistas durante la última dictadura.[1].

Villafuerte es conocido por sus simpatías hacia última dictadura militar, que tampoco se esfuerza mucho en disimular. En la causa Patti dijo que en virtud de su deber funcional iba a aplicar la doctrina de la Corte que derogó las leyes de punto final y obediencia debida, pero que en su opinión la persecución penal por los crímenes del terrorismo de Estado “implica la violación de derechos fundamentales de los imputados”.
En el informe de 27 páginas que presentó la “Unidad de Coordinación y seguimiento de las casusas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado”, pone en evidencia una práctica consistente de atrasos exagerados en todos los juicios de lesa humanidad. En la causa Patti tardó seis años en contestar el pedido de indagatoria presentado por la fiscalía y cinco años en declarar nulas las leyes de impunidad para poder reabrir la causa.
Villafuerte Ruzo carga con más de 30 pedidos de pronto despacho, quejas por retardo de justicia y recursos de reposición. Hasta el momento, sólo fue apartado de la causa por el asesinato del obispo Carlos Horacio Ponce de León en julio de 1977. En el resto los pedidos de apartamiento no prosperaron porque la Corte Suprema de la Nación no quiso intervenir. El famoso artilugio del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial Nacional.
Por otro lado, su actuación en las  otras causas tampoco parece ser muy expeditiva.
La causa de Carlos Menem Junior fue archivada en 1998 al no encontrarse pruebas en los restos del avión, ni en los cuerpos que Menem Jr. y Oltra recibieran impactos de bala. En 2012 el expediente se reabrió, aunque sigue sin haber pruebas sólidas: Zulema se negó a realizar nueva prueba de ADN a los restos de su hijo, los restos del avión fueron periciados en 1996 por una unidad aérea del gobierno de los Estados Unidos y no se pudo determinar si fueron provocados por disparos, y finalmente las piezas del avión terminaron siendo vendidas por los fabricantes del helicóptero. Es decir que a la fecha no se habría avanzado más allá de la línea alcanzada para 1998.
En la causa por la masacre de Ramallo de 1999 se da una situación muy particular e inédita. No sólo investiga la justicia federal sino también la provincial. Cinco denuncias fueron presentadas ante el Consejo de la Magistratura por su actuación en el caso: pidieron su remoción el abogado Juan Pandis, cinco diputados del Partido Justicialista, y José Chaves, hermano de uno de los rehenes asesinados. Entre otras, los consejeros cuestionaron al magistrado la demora en el traspaso de la instrucción de la policía bonaerense, que participó en la represión, a la Prefectura Naval.




[1] A modo de ejemplo, la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos Cometidas durante el Terrorismo de Estado de la PGN “Algunos obstáculos para el avance de las causas por crímenes contra la humanidad radicadas en San Nicolás registrados a partir de la actuación del juez a cargo del juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, da cuenta de una demora de 6 años para unas citaciones a prestar declaración indagatoria que el agente fiscal había solicitado en 2005 (Causa Patti). O demoras en la elevación de actuaciones a la Cámara de apelaciones correspondiente, rechazos injustificados de los pedidos de acumulación de causas dirigidos a garantizar justamente la eficiencia en la administración de la justicia, o pérdida de expedientes. Ver Dictamen Dra. Gils Carbó, 01 de febrero de 2013.